En muchos países en desarrollo, la explotación de materias
primas es un factor económico decisivo. La riqueza de materias primas de estos
países podría utilizarse para combatir la pobreza y proteger a la población y sin hacer tanto daño
al medio ambiente, pero la realidad de
la vida en los países en desarrollo ricos en materias primas es muy distinta en
el caso de que la mayoría de las
personas se debaten en la pobreza, aumentando con la explotación de los recursos.
Pero la verdadera lacra es la minería ilegal, una plaga no
solo ambiental sino social, que en ocasiones financia grupos armados al margen
de la ley y se utiliza para lavar activos del narcotráfico; no genera ingresos
de calidad a los trabajadores y no paga regalías. Mal llamada en algunos casos
"pequeña minería", avanza sin ningún control. Ejemplos como los del
Río Dagua, en el Valle; el bajo Cauca, Ayapel, el sur de Bolívar y algunas
zonas del Chocó constituyen una catástrofe ambiental que tendrá consecuencias
por varias generaciones.
Pero eso no es lo más triste, es que delante de las narices de las autoridades entran a Colombia equipos que extraen oro sin permisos, sin controles y que no pagan impuestos ni regalías. Se trata de 60 o 90 millones de dólares que se movilizan sólo en adquisición de equipos para cada una de estas "pequeñas operaciones ilegales", supuestamente de pequeños y pobres mineros.
Para que Colombia siga la senda de crecimiento sostenido de Australia, Canadá y Chile, y además se haga realidad la promesa del presidente Santos de proteger la incalculable riqueza natural de Colombia, hace falta tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, coordinación interinstitucional y atraer a inversionistas que aporten tecnología de punta, paguen impuestos y regalías, manejen de manera adecuada el ambiente y restauren los ecosistemas que afectaron cuando terminen la explotación.
Pero eso no es lo más triste, es que delante de las narices de las autoridades entran a Colombia equipos que extraen oro sin permisos, sin controles y que no pagan impuestos ni regalías. Se trata de 60 o 90 millones de dólares que se movilizan sólo en adquisición de equipos para cada una de estas "pequeñas operaciones ilegales", supuestamente de pequeños y pobres mineros.
Para que Colombia siga la senda de crecimiento sostenido de Australia, Canadá y Chile, y además se haga realidad la promesa del presidente Santos de proteger la incalculable riqueza natural de Colombia, hace falta tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, coordinación interinstitucional y atraer a inversionistas que aporten tecnología de punta, paguen impuestos y regalías, manejen de manera adecuada el ambiente y restauren los ecosistemas que afectaron cuando terminen la explotación.
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